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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-01-2019

La paz es el derecho, la guerra es el fracaso

Manuel Humberto Restrepo Domnguez
Rebelin


Toda victima duele y deja huellas de vergenza. Duelen los 21 cadetes, los mas de 400 lideres civiles defensores de derechos asesinados, las ocho millones de personas desplazadas, despojadas y perseguidas. Duelen los jvenes ejecutados extrajudicialmente y convertidos en cifras y duelen los cerca de cien excombatientes que confiados en el acuerdo de paz entregaron sus armas. Todos jvenes, de origen humilde, todos victimas de un sistema de horror que tiene responsables polticos que planean cada muerte para impactar el derecho vivir con dignidad.

La coyuntura local es compleja por el ataque militar a la mas importante guarnicin policial del pas, el alma mater de formacin que otorga ttulos de administrador policial, por autorizacin del Ministerio de Educacin Nacional desde 1976. Como las muertes de cadetes, toda muerte provocada provoca horror y repudio. Esta tragedia lo provoca, pero tambin toda instrumentalizacin del dolor con inters poltico. El ataque al grupo de policas (de bajo rango) no fue tomado como una amenaza por el gobierno, si no como una oportunidad, con la que equvocamente trata de sepultar junto a los cuerpos de los jvenes, la paz en construccin y la verdad y la justicia en curso. El nfasis de los discursos que llaman a la indignacin, parecen querer borrar de la agenda hechos asociados al poder hegemnico, como las actuaciones del fiscal de quien se pide su renuncia por la trama de corrupcin de odebrecht, la observancia de la Corte Penal Internacional de la poltica de ejecuciones extrajudiciales, que vinculan a Uribe Vlez, la mencin del potentado mas importante del pas, (LCSA) en temas de corrupcin que tienden a producir pnico financiero, las actuaciones del ESMAD y el asesinato sistemtico de lideres sociales. El dolor por las victimas no esta siendo conducido para llamar al pas a abrir las puertas de la verdad y la justicia y cerrar filas en torno a la paz, si no para llamar a la guerra que incita a provocar que los hechos violentos se repitan una y mil veces mas.

La utilizacin indebida del hecho violento, pone en riesgo la armona en la relacin entre derechos y garantas y convierte al presidente en violador de las garantas primarias (que son obligaciones) tales como continuar desarrollando el derecho a la paz ya ganado y constitucionalizado. Romper motu propio las conversaciones con el ELN, cuyo fin es poner fin del conflicto armado y usar el dolor para activar barreras a las garantas de paz pactadas en la Habana con las FARC, es impedir la paz, es infringir el derecho universal de los derechos humanos y el DIH, que incorpora a la justicia especial de paz y a la comisin de la vedad. El gobierno est en la obligacin de atacar la violencia y derrotar el terror, pero debe hacerlo promoviendo mas democracia y menos desigualdad y enfrentando a corruptos y criminales enquistados en el poder unos y aliados otros, que se niegan a renunciar a la lgica de muerte que tiene que ser destituida con una lgica de vida, de paz, no de ms barbarie.

Lo que ocurre indica que el partido y la alianza de gobierno tratan de ganar el apoyo de los otros poderes del estado y de la sociedad para reanimar el odio, acentuar la polarizacin y negar las posibilidades de avanzar en la construccin del derecho a la paz conquistado. El gobierno parece anunciar, que est fortalecido para negar la existencia del derecho a la paz quitndole garantas y aprovechando el momento para borrar toda esperanza por lograrlo y aunque sabe que no es suficiente la suma de la indignacin por el reciente ataque militar a la guarnicin policial, deja entrever que caer en la inobservancia al derecho a la paz positivamente estipulado y aprovecha el dolor para tratar de recuperar el falso imaginario (ya superado) de que protestar es alzarse en armas. Desconocer el derecho a la paz, lo mete en el terreno del gobierno de facto, del rgimen de excepcin no decretada, que tendr como respuesta mas movilizacin e inconformidad porque la sociedad no quiere volver a la guerra, ni adentro ni afuera y esta dispuesta a no renunciar a su anhelo, aunque el tono agresivo y amenazante del conjunto de voces del partido y alianza de gobierno, le pidan actuar con mano dura, con fuerza y violencia o anuncien que liquidarn sin compasin al enemigo ya casi construido o se dispongan a regresar al tenebroso lema de que el nico delito es estar contra el gobierno, lo dems son pendejadas. Y ellos son el gobierno y quieren regresar a la seguridad que produjo el horror.

El partido de gobierno hacia afuera agita un discurso de poder desbordado en su competencia, queriendo intervenir sobre la hermana republica y contrariando reglas y principios del derecho internacional, dispone de un staff de cuatro altos funcionarios de estado (F. Santos en USA; Ordoez en OEA; Holmes, Canciller y; la Vicepresidenta) cuya misin excepcional no parece ser precisamente contribuir a la paz y estabilidad internacional, si no tensionar el continente del bicentenario de independencia (que hace honor al sueo de Bolvar de consolidar a la gran Colombia como una nacin fuerte y poderosa) y crear condiciones para una presumible intervencin militar, contraria a la paz y a la democracia y lo hace con verdades a medias y justicia limitada. Adentro reconstruye la lgica de guerra, desconoce acuerdos para lograr la paz y se pone en disposicin de arrebatarle a la sociedad su derecho conquistado, lo que es sencillamente es violatorio de un derecho universal.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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